Piden que incorporen en el plan de vacunación a quienes están privados de su libertad

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) le pidió a Alberto Fernández y provincial que las personas privadas de la libertad sean incorporadas rápidamente al plan de vacunación por grupos de riesgo y franjas etarias «en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre». A través de un informe plantearon que se podrá «garantizar el principio de igualdad y no discriminación», según el art. 16 de la Constitución.

El Comité recordó que el Plan Estratégico para la Vacunación fijó «un esquema de priorización por población objetivo», que determinó que los primeros beneficiarios serían los adultos mayores, sobre todo quienes tenían enfermedades crónicas preexistentes. En primera instancia, «se incluyó específicamente a las personas privadas de libertad» a raíz del riesgo adicional que implica el contexto de encierro y de sobrepoblación.

Tras relevar establecimientos y en base a información oficial, el Comité comprobó que «se registraron escasos avances en la vacunación a personas privadas de su libertad en el ámbito penitenciario», tanto a nivel nacional como de las provincias. «Más aún, en muchas jurisdicciones no inocularon a las personas privadas de su libertad que representan grupos de riesgo», por los mayores de 70 años o con comorbilidades.

Con esta información en mano,  el CNPT pidió de forma urgente la adopción de «medidas efectivas e inmediatas para asegurar que dentro de los esquemas de vacunación de grupos de riesgo por razones de salud, etarias o de otra índole sean incluidas las personas privadas de su libertad en iguales condiciones que aquellas que están en contexto libre». El texto está dirigido «a las autoridades nacionales y provinciales, en articulación con las autoridades con competencias en los establecimientos de detención».

El Comité de Prevención de la Tortura fue creado por la ley 26.827, sancionada en 2012, y una de sus funciones es garantizar los derechos reconocidos tendientes a la prevención y prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, con especial atención a «las condiciones en que se cumple la detención en los lugares de encierro». Otra de sus potestades es «promover la aplicación de directivas, recomendaciones, estándares y criterios de actuación».

Fuente: elintransigente.com,

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