Un diputado del Frente de Todos presentará un proyecto de ley para limitar los aumentos de los servicios públicos

José Luis Gioja, diputado nacional por el Frente de Todos, presentará en la tarde de hoy una iniciativa respecto a las tarifas de servicios públicos y de emergencia energética con el objetivo de colocarle un límite a los aumentos que afectan a los usuarios particulares y a las pymes. De esta manera, el proyecto contempla la creación de un «régimen general de tarifas de servicios públicos de competencia nacional», que establece que los precios tendrán que ser «justos, razonables y transparentes».

 A su vez, según indicó NA, estalece que las tarifas y los valores de servicios públicos para usuarios de hogares no podrán tener incrementos que resulten superiores al índice determinado por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) acumulado desde la fecha de su último cambio o revisión tarifaria correspondiente. La presentación precisa que se encontrarán exceptuados los usuarios del servicio de gas doméstico que pertenezcan a la clasificación 3.4 o a categorías superiores y los de electricidad inscriptos en el rango 7 o por encima de éste.

En cuanto, a las tarifas y valores de servicios públicos para las pymes, cooperativas de trabajo de fábricas o compañías recuperadas que se hallen anotadas en el Instituto Nacional de Economía Social (Inaes) no podrán recibir alzas que se ubiquen por arriba del Índice de Precios Internos al Mayor (Ipim) acumulado desde la fecha de la última modificación o chequeo tarifario.

El texto presentado por el legislador afirma que el «Régimen de Equidad Tarifaria Federal» tiene como propósito principal «evitar desproporciones y asimetrías en la aplicación de tarifas y de costos de jurisdicción nacional, que impactan negativamente en el desarrollo de regiones del país o en la calidad de vida de las personas que en ellas habitan» y agrega que «las tarifas y costos por servicios e insumos a abonar por los usuarios deberán contemplar el impacto de las condiciones climáticas de cada región o provincia, su nivel de desarrollo económico, la situación socioeconómica de sus habitantes y los perjuicios que provoque la imposibilidad de acceso a alguno de los servicios».

Por último, señala que «es un deber del Estado Nacional fijar tarifas para promover el desarrollo y la mejor calidad de vida de las zonas más postergadas del país» y subraya que «no se podrán fijar tarifas de costos más altos para usuarios residenciales que habiten en zonas con indicadores de necesidades básicas insatisfechas mayores en relación con otras de mejor calidad de vida».

Fuente: elintransigente.com,

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